Uber ha puesto en jaque a los taxistas de antaño. Con sus casi dos años de presencia en México, esta aplicación y el servicio que ofrece ha tenido un efecto polarizador a nivel social generando un debate no siempre claro y de calidad sobre si esta alternativa para desplazarse por la ciudad es o no conveniente para usuarios, dueños de unidades y autoridades
Por Marcos Betanzos* @MBetanzos
Ya se
sabe, por un lado están los que indican que este tipo de servicio es
ilustración precisa de la competencia desleal que arremete y despoja de su principal
fuente de empleo a un buen número de personas, y por el otro están aquellos que
reconocen en esta opción de transporte –un acuerdo entre particulares- la mejor
forma de hacerlo en un modo seguro y confortable, sin timos incluidos. Ambas
versiones se encuentran en el horizonte de la legalidad, justo ahí donde la
autoridad presenta serios vacíos que parecen ser muy convenientes para todo
tipo de intereses, menos, claro está para aquellos que la autoridad debería de
vigilar como prioridad dentro de los alcances de una política pública que
garantice el libre tránsito de sus habitantes y la seguridad de éstos al
hacerlo, así como la agenda de movilidad para las ciudades mexicanas.
Uber se presenta
como opción para agilizar y renovar el código con el cual el transporte de
pasajeros se ha manejado en México, lo hace con la bandera de la tecnología y
también con el juego siempre rentable del sentido aspiracional de la sociedad
mexicana. La verdad es que somos dependientes del automóvil y difícilmente
dejaremos de serlo, por ello uno de los canales de éxito de este sistema recae
en el hecho de que resulta ser una forma muy eficiente de justificar nuestra
imposibilidad para desapegarnos del coche sin sentir tanta culpa; es decir,
descargando nuestra terquedad por usar unidades particulares argumentando que
el servicio de los otros –taxis y choferes- es pésimo.
Los
taxistas juegan con el poder del volumen, son muchos y además nunca vienen
solos: están apadrinados siempre por el sistema burocrático, por funcionarios,
líderes gremiales y hasta empresarios que tienen ahí su caja chica. No todos
son malos, no todos roban y no todos escuchan la misma música popular de la
cual, muchos doctos se quejan por tener que soportar. Generalizar es
estigmatizarlos y pasar por alto que una unidad oficial avalada por las
autoridades ha pasado por una serie de trámites y cuotas que son más que
onerosas y a veces injustificadas, sin mencionar las voluntariosas órdenes –exigencias
de gusto- que se imponen para el cambio periódico de la cromática de sus
unidades, porque así lo mandan las autoridades. Su enfado es justificado y la
batalla que han dado contra las unidades piratas es legendaria, histórica por
decir lo menos.
Mientras
esto se polariza más y algún idiota actúa con violencia contra unos y otros, la
autoridad hace oídos sordos y espera el mejor de los resultados previsibles
para sus intereses: ya confrontados como sociedad, imponer cuotas
administrativas, tarifas y sanciones (moches) a Uber para argumentar que ha
actuado y que los regulará, pero también exigirá a los otros, a los de siempre
que mejoren sus unidades adquiriendo nuevos vehículos (lanzando más y más
unidades al congestionamiento vial cotidiano), todo ello sin antes meter las
manos en lo que no ha hecho por décadas: regular la flotilla actual y planear
nuevas formas de garantizar la movilidad urbana y la mejora de la calidad de
vida, ya de paso –y quizá lo más importante- desalentar el uso de vehículos
particulares. El lavado de manos será decir que se aplicó la voluntad de unos
contra los otros y que la autoridad actuó de forma justa. ¡Súper rentable!
Por lo
anterior, gane quien gane, Uber o los clásicos taxistas, ganará una vez más la
burocracia: el sistema del “No pasa nada”, “todos quietos, nadie se mueve que
todo se arregla con arreglos en corto”. A pesar de todo, vale la pena
preguntarse si esto que se ha clasificado como un tema de competencia desleal
no está siendo exagerado, porque si somos honestos, mercado hay para todos: en
el país ni todos poseen un teléfono inteligente (y muchos no contratan un plan
de datos) ni todos quieren viajar en un Audi Negro o pueden pagar con una
tarjeta de crédito.
Entonces, la pregunta cabe: ¿Estamos condenados a padecer un mal servicio sólo porque se trata de competencia leal? Yo creo que no, que cada quien escoja su mejor opción y que la autoridad deje de simular su actuación.
Imágenes cortesía de Google
* Marcos Betanzos (Ciudad de México, 1983) es arquitecto, fotógrafo y articulista independiente. Becario FONCA 2012-213 por su proyecto #BORDOS100 y miembro del Consejo Editorial de la Revista Domus México, América Central y el Caribe.
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